La Comisión Europea tiene todavía muchos avisos que hacer a España en lo referente al Estado de derecho, aunque pase de puntillas -de momento- por la ley de amnistía, tal como se deduce del informe anual sobre la situación del país. La gran norma del Gobierno de Sánchez todavía está siendo estudiada por Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario censura algunas declaraciones de miembros del Ejecutivo y alerta de algunas presiones sobre los jueces. Además, recuerda que el país tiene que seguir trabajando en que la figura del Fiscal General tenga suficiente independencia "de acuerdo con los estándares europeos". Asimismo, en lo referente a la amnistía sí que afea que se haya tramitado de manera urgente.
"En unos pocos Estados miembros, existe preocupación por la presión indebida sobre el poder judicial por parte de los políticos o el Ejecutivo, y también hay pruebas de presiones procedentes de terceros países", recoge el informe general, en una referencia dirigida a España, Italia, Eslovaquia y también a Lituania. Sí celebra la Comisión en el caso español el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En los 'debe' que todavía tiene el Ejecutivo por delante, eso sí, hay que tener en cuenta que en la reforma judicial pactada entre PP y PSOE y que este martes se aprobó en el Congreso (aún falta el trámite del Senado) no se incluye la recomendación europea de separar el mandato del fiscal general del del Gobierno. La misma proposición de ley que pretende reforzar la independencia del CGPJ modifica también el Estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma incluye una serie de incompatibilidades para ocupar el puesto de fiscal general del Estado. Son las mismas que afectan a los juristas del Consejo: no podrá serlo nadie que en los últimos cinco años haya sido ministro, secretario de Estado, consejero de un gobierno autonómico o una alcaldía, eurodiputado, diputado, senador o diputado autonómico.
Si bien la Comisión Europea reconoce los avances de España en muchos temas, le hace seis recomendaciones como 'deberes' para el corto plazo. Bruselas pide seguir reforzando "el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía". Asimismo, le reclama, sobre la base del acuerdo de 25 de junio de 2024, finalizar la renovación del CGPJ y avanzar en el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.
También sostiene el informe que el Gobierno tiene que proceder a la adopción de legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión, y le pide "redoblar los esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos a fin de aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, en particular finalizando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Otra de las preocupaciones de la Comisión es la que tiene que ver con "reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, entre otras cosas, reforzando la independencia y la capacidad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses". Y le pide al Gobierno de Sánchez "avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales".
La reacción de Moncloa
Moncloa, por su parte, se queda solo con la parte buena del informe y culpa al PP de la falta de avances en los aspectos en los que España está todavía rezagada. "El informe no incluye ninguna crítica a la ley de amnistía ni formula recomendaciones, avalando así la norma desde la perspectiva del Estado de Derecho, como ya hizo la Comisión de Venecia", resumen desde el Gobierno. Asimismo, citan al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en la parte de 'presiones a periodistas' y abraza que Bruselas vea con buenos ojos "el plan de regeneración democrática" propuesto por Sánchez. "El informe anima a España a abordar cambios en la regulación de la publicidad institucional que eviten su uso partidista en todos los niveles de la administración", terminan.
El informe no incluye ninguna crítica a la ley de amnistía ni formula recomendaciones, avalando así la norma desde la perspectiva del Estado de Derecho, como ya hizo la Comisión de Venecia
En general la Comisión Europea está satisfecha con los resultados, aunque con matices. Dos tercios (68%) de las recomendaciones formuladas en 2023 han sido atendidas, total o parcialmente. Sin embargo, en algunos Estados miembros persisten preocupaciones sistemáticas y la situación se ha deteriorado aún más, confirman desde Bruselas. El informe de este año incluye, por primera vez, cuatro capítulos sobre la evolución de Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. La inclusión de estos países de la ampliación en el Informe sobre el Estado de Derecho, los más avanzados en el proceso, apoyará sus esfuerzos de reforma, ayudará a las autoridades a seguir avanzando en el proceso de adhesión y a preparar la continuación de los trabajos sobre el Estado de Derecho como futuro Estado miembro.
Más de 7 de cada 10 ciudadanos de la UE están de acuerdo en que la UE desempeña un papel importante a la hora de ayudar a mantener el Estado de Derecho en su país, según una encuesta especial del Eurobarómetro publicada este miércoles. Cerca de 9 de cada 10 ciudadanos de la UE consideran importante que todos los Estados miembros respeten los valores fundamentales de la UE, una opinión estable desde 2019. Además, la sensación de estar informado sobre los valores fundamentales de la UE ha mejorado significativamente en muchos países: en general, el 51% de los ciudadanos de la Unión se sienten bien informados sobre los valores fundamentales de la UE y el Estado de Derecho, frente al 43% en 2019.
Comentarios